Opinión | En Corto | Puebla apuntala a la 4T

En política, hay gestos que dicen más que largos discursos. La imagen del 5 de mayo pasado en Puebla es una de ellas: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador del estado,

Por Raúl García Araujo                                            

En política, hay gestos que dicen más que largos discursos. La imagen del 5 de mayo pasado en Puebla es una de ellas: la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador del estado, Alejandro Armenta, compartiendo el templete en uno de los actos cívico-militares más emblemáticos del país, marcó un antes y un después en la relación entre el poder federal y el estado. Fue una escena cargada de simbolismo, pero también de señales políticas profundas.

La conmemoración del 163 Aniversario de la Batalla de Puebla no fue un evento más en el calendario nacional. Fue la primera vez que una mujer presidente encabezó este acto histórico, y no fue casualidad que lo hiciera desde Puebla. El mensaje fue claro: en el segundo piso de la Cuarta Transformación, Puebla tiene un lugar privilegiado y estratégico. El estado no solo conmemora la historia, sino que comienza a escribir una nueva.

https://twitter.com/armentapuebla_/status/1919593896469823743

El tono de la presidente fue firme: recordó la Batalla de Puebla como un ejemplo de resistencia ante la invasión extranjera, un episodio de dignidad nacional que hoy se traduce en la defensa de la soberanía frente a los intentos neoconservadores de restaurar viejos privilegios. Claudia Sheinbaum no solo habló de historia; habló del presente, de una transformación que sigue avanzando con fuerza y con claridad de rumbo.

Y en ese presente, Alejandro Armenta tiene un papel protagónico. El gobernador de Puebla ha entendido que su liderazgo no se limita a la administración estatal. Hoy es un referente dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, con una visión clara y proyectos ambiciosos que buscan llevar a Puebla a otro nivel de desarrollo. Lo dijo sin titubeos: hoy se vive ya el segundo piso de la Cuarta Transformación, y en Puebla se construye de la mano de la presidente.

Armenta ha asumido el desafío con decisión. Desde una visión soberana, busca convertir a Puebla en una entidad segura, productiva, moderna y justa. Para ello, ha planteado un sistema de seguridad pública sin precedentes, en coordinación con entidades clave como la ciudad de México, estado de México, Veracruz, Tlaxcala y Morelos, con el objetivo de blindar la región y desmantelar redes criminales que operan en el centro del país. Esta visión regional, ambiciosa pero necesaria, solo puede concretarse con un respaldo federal sólido, y eso es precisamente lo que ha logrado construir con la presidente Sheinbaum.

Pero la alianza entre ambos mandatarios no se limita a lo técnico o lo institucional. Es una alianza política real, nacida de la coincidencia ideológica, de la cercanía personal y de la lealtad a un proyecto de nación. La relación entre Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta es hoy una de las más sólidas dentro del movimiento de la 4T, y será fundamental para materializar los grandes cambios que vienen.

Armenta ha dejado claro que no se conformará con administrar lo heredado. Su objetivo es transformar profundamente Puebla, sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo con justicia social, eliminar privilegios, democratizar instituciones como el Poder Judicial, y hacer del estado un motor económico del país. Con cimientos firmes y una guía clara desde Palacio Nacional, Alejandro Armenta se perfila como uno de los gobernadores más cercanos al corazón del nuevo gobierno federal.

El legado de Juárez, del general Zaragoza y de quienes resistieron en 1862 cobra nueva vida en un contexto moderno. Así como en aquella época se defendió la soberanía ante el imperio francés, hoy se defiende ante el intento de restaurar un viejo régimen de saqueo, exclusión y desigualdad.

Puebla está lista para ser faro de la transformación nacional, y lo hará con Claudia Sheinbaum al frente del país y Alejandro Armenta al frente del estado.

En Cortito

Nos cuentan que cuando se habla de políticas públicas exitosas, pocas veces se menciona a la cultura como un eje transformador. Sin embargo, en Nezahualcóyotl, la realidad es otra. Este 2025 se celebrará la décima edición consecutiva de la “Feria Nacional del Libro Neza”, un logro sin precedentes para este municipio del estado de México.

Del 14 al 18 de mayo, la explanada del Palacio Municipal se convertirá, una vez más, en el corazón literario del oriente del Valle de México. Con la participación de más de 200 sellos editoriales, escritores, artistas, músicos y especialistas, Neza reafirma su compromiso con el libro, la lectura y la formación de ciudadanía crítica.

Neza ha demostrado una continuidad admirable. Bajo el liderazgo del alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo, la promoción de la lectura no ha sido un evento aislado, sino una política integral que se fortalece año con año.

Además de la feria, el programa Sueños para Todos, que lleva libros y actividades de fomento a la lectura a las escuelas públicas del municipio, evidencia una visión de largo aliento: educar, empoderar y transformar a través de la palabra escrita. Neza no sólo resiste; Neza propone. Y lo hace desde las páginas de un libro abierto a todos.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Trump, protagonista hasta en un funeral

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

Opinión | En Corto | Teocaltiche: la derrota de Pablo Lemus

Mientras la sangre corría por las calles de Teocaltiche y Villa Hidalgo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, seguía ocupado en sus aspiraciones políticas con su silencio cómplice.

Por Raúl García Araujo                                            

Mientras los pobladores eran asesinados, secuestrados y desaparecidos, el secretario de Seguridad Pública del estado, Juan Pablo Hernández, se dedicaba a lanzar discursos vacíos sobre “estrategias” que nunca fueron vistas y menos sentidas por los habitantes de esos municipios. Y, por supuesto, los “resultados” nunca llegaron.

Desde el 19 de febrero, cuando las Comisarías de Teocaltiche y Villa Hidalgo fueron intervenidas, ambos municipios fueron tomados de manera abierta, brutal y sostenida por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). No se trató de una presencia aislada, sino de una ofensiva criminal, devastadora, en toda regla: dieciocho muertos, entre ellos el director de la policía local, Ramón Grande Moncada, y el activista Juan Pablo Alonso.

¿Qué hicieron las autoridades estatales ante semejante masacre? Nada. Mientras las familias lloraban a sus muertos, Lemus y Hernández administraban los daños del desastre desde la distancia, cómodos en sus oficinas, mirando hacia otro lado.

El despliegue de la Policía Estatal, por su parte, fue más bien una puesta en escena, una farsa, sin objetivos, por lo que nunca logró resultados concretos. La policía estuvo presente en la zona, sí, pero no detuvo a nadie, no desmanteló ninguna célula criminal. Los criminales del CJNG se movían a sus anchas, como si la región fuera suya, como parece lo es porque en ese momento, la única presencia palpable en la zona no era la del gobierno de Jalisco, sino la de los narcotraficantes que tomaron el control sin ningún obstáculo.

La llegada, el pasado fin de semana, de la Guardia Nacional y el Ejército a la región, con cerca de 40 unidades, trajo un respiro, una esperanza para la población que ya había sido aplastada por el terror durante demasiado tiempo. La gente salió a las calles, por fin con algo de confianza, pensando que tal vez, por fin, la pesadilla podría terminar. Pero esa pequeña esperanza no cayó bien en quienes se beneficiaban de la violencia: el crimen organizado y, posiblemente, en aquellos que dentro del poder, prefieren mirar para otro lado.

No pasó mucho tiempo antes de que las reacciones comenzaran. Aparecieron mantas acusando a elementos de la Guardia Nacional de estar coludidos con los criminales. Lo que resulta aún más escandaloso es que esas mantas tienen el mismo formato, la misma tipografía, el mismo diseño, que las que se colocaron previamente, aquellas que “agradecían” la presencia de la Policía Estatal.
¿Una casualidad? Difícilmente. El mensaje es claro: el mismo grupo de actores, tal vez los mismos cómplices, intentan manipular la percepción pública y desprestigiar a quienes, finalmente, están actuando para proteger a los ciudadanos.

El colectivo «Frente Teocaltiche Por Nuestra Gente» ha sido claro al respecto: esas mantas no fueron colocadas por la comunidad, no representan el sentir ni la voluntad del pueblo. Más bien, son una maniobra para confundir, desinformar y desvirtuar la verdad. Son una táctica para deslegitimar a los que intentan recuperar el control en una región que ya estuvo perdida por completo durante meses.

Lo que queda al descubierto, una vez más, es la colusión, en el mejor de los casos, por omisión. Porque cuando un gobierno se niega a actuar, cuando sus responsables de seguridad se ocultan tras discursos vacíos y promesas incumplidas, y cuando los criminales se mueven libremente sin el mínimo obstáculo, la frontera entre incompetencia y complicidad se difumina fácil y peligrosamente.

Pablo Lemus ha dejado claro, con sus actos y omisiones, que le importa más jugar a la política y participar en el juego del avestruz cuando los problemas de inseguridad se multiplican ante sus ojos. El gobernador de Jalisco prefiere ignorar la realidad y refugiarse en la inacción, dejando que los crímenes se apoderen del territorio y las víctimas se multipliquen.

Por su parte, Juan Pablo Hernández, el secretario de Seguridad Pública, ha sido un espectador mudo ante el baño de sangre en Teocaltiche y Villa Hidalgo. No ha movido un dedo, no ha ofrecido soluciones efectivas, y mucho menos ha mostrado algún tipo de liderazgo. Su inacción, motivada o no, y su falta de respuesta han dejado claro que, en su visión, el problema de la violencia no es una prioridad, mucho menos la seguridad de los jaliscienses.

Jalisco está bajo el control de un gobierno ausente, que prefiere jugar con la imagen pública en lugar de ofrecer soluciones reales a la creciente ola de violencia que azota el estado. Este es un gobierno inoperante, que ha dejado que la delincuencia crezca y se establezca sin control. La pregunta es clara y urgente: ¿cuántos muertos más harán falta para que Lemus y Hernández se tomen en serio su responsabilidad?

Este gobierno no solo ha fallado, ha traicionado a los jaliscienses. Y si el gobernador y su secretario de Seguridad continúan mirando hacia otro lado, la cuenta de víctimas seguirá creciendo. Es hora de que la ciudadanía haga oír su voz y exija un cambio real en la seguridad de Jalisco. Porque, hasta ahora, lo único claro es que quienes deberían protegerlos, han decidido no hacerlo.

En Cortito

Nos cuentan que sigue la anarquía en la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México con los ambulantes ante la «complacencia» del desgobierno de Giovanni Gutiérrez. Y ya salió el peine de porque los ambulantes salen de un día para otro y toman las banquetas y vialidades, incluso las más importantes, como todo Avenida Aztecas y calles que la atraviesan, arrojando a los peatones al arroyo vehicular. El peine es que Giovani trae una «cruzada extorsiva» con estos personajes, a quienes están pidiendo moches, dependiendo el sapo la pedrada, pero esto va desde los cinco mil a los pequeños hasta los 50 o 100 mil a los grandes. Esto ya ha generado reacciones de los comerciantes establecidos, los ambulantes, como no pagan impuestos, se someten fácilmente a las «peticiones» de la gente de Giovanni Gutiérrez.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Teocaltiche: la derrota de Pablo Lemus

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

El Balcón de la Sociedad | Justicia laboral en reversa: cuando la ley protege al patrón

La reforma laboral del 2019 pretendió romper con décadas de simulación sindical…

La reforma laboral de 2019 pretendió romper con décadas de simulación sindical. Ofreció garantías para que los trabajadores pudieran elegir libremente a sus representantes y participar en la vida sindical sin miedo ni coerción. A cinco años de su promulgación, ese compromiso se encuentra bajo amenaza por la propia estructura judicial encargada de hacerlo cumplir.

El caso más reciente y preocupante se desarrolla en la empresa Tritech Autoparts Mexicana, S. A. de C. V., ubicada en el corazón industrial del Bajío. Un grupo de trabajadores decidió afiliarse al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), una organización legítima surgida al calor de los nuevos vientos de democracia sindical.

La decisión no obedeció a consignas externas ni a presiones políticas. Fue un acto de conciencia. Las y los trabajadores, cansados de prácticas de protección patronal, exigieron el derecho elemental de ser representados por una organización que los escuchara y defendiera. Para ello, el SINTTIA solicitó formalmente la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, en febrero de 2025.

Como lo marca la legislación vigente, dicho conflicto debía resolverse mediante un recuento libre, personal, directo y secreto. Nada más simple en una democracia funcional. Sin embargo, el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos resolvió bloquear el proceso, negando la realización del recuento sindical.

Un juez contra el espíritu de la ley

El juez Roberto Ariel Rodríguez Vázquez, titular del tribunal, se encargó de echar abajo el procedimiento. Argumentó que el SINTTIA no acreditó adecuadamente la veracidad de sus afiliaciones. Pasó por alto que el propio Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral había validado a esas personas como miembros plenos del sindicato.

No conforme con esta arbitrariedad, el juez ordenó compartir los datos personales de los trabajadores afiliados al SINTTIA con el sindicato cetemista en disputa. Este acto no sólo vulneró la privacidad de los empleados, sino que colocó en sus manos un instrumento de persecución: listas negras de simpatizantes que ahora sirven para la represión.

La historia se repite. En lugar de proteger a la parte débil de la relación laboral, el aparato judicial se pliega a los intereses empresariales y de las viejas centrales obreras. La Confederación de Trabajadores de México (CTM), aún encabezada por el heredero del viejo sindicalismo Carlos Aceves del Olmo, continúa operando como sindicato de protección.

El estigma de luchar por tus derechos

Lo más grave de esta resolución no es sólo el atropello al SINTTIA, sino el mensaje que envía al resto del país. Si afiliarse a un sindicato independiente puede traducirse en persecución, despido o exclusión, ¿quién querrá ejercer ese derecho? El precedente mina las bases de la reforma laboral y coloca a la clase trabajadora en una nueva indefensión.

En un entorno donde las violaciones laborales aún son la norma en muchas industrias, permitir que el Poder Judicial anule los cauces democráticos no sólo resulta regresivo, también es irresponsable. Convertir el debido proceso en una trampa burocrática atenta contra la esencia de la justicia laboral.

Ningún tribunal debería erigirse como obstáculo para que la clase trabajadora tome en sus manos su destino sindical. Lo sucedido en Tritech Autoparts no puede quedar como anécdota. Si las decisiones judiciales no se fundamentan con apego al principio pro persona, terminarán por desmantelar la credibilidad institucional.

¿Libertad sindical o ficción legal?

La libertad sindical no se mide por lo escrito en la ley, sino por su efectividad en los hechos. Si el voto directo, libre y secreto es bloqueado con argucias legales, la democracia laboral muere antes de nacer. Si las autoridades ceden ante el chantaje o la complacencia de las viejas estructuras, no existe transformación posible.

La resolución del juez Rodríguez Vázquez podría parecer un caso aislado. No lo es. Es un ejemplo de cómo el nuevo andamiaje institucional puede volverse contra quienes busca proteger. En lugar de abrir la puerta al cambio, algunos tribunales colocan nuevas cerraduras.

El SINTTIA ha anunciado que emprenderá acciones legales para revertir la decisión. No se trata sólo de un sindicato. Se trata del principio mismo de la libertad de asociación, piedra angular de cualquier sociedad democrática. Permitir su vulneración abre la puerta a un futuro de simulación y miedo.

Una advertencia para el futuro

Queda claro que aún falta mucho para que la reforma laboral de 2019 sea una realidad cotidiana. Mientras existan jueces dispuestos a ignorar el mandato legal en favor de poderes fácticos, ningún derecho está garantizado. No basta con promulgar leyes: se necesita voluntad para hacerlas cumplir.

La democracia sindical no puede depender de un juzgado. Tampoco debe someterse al capricho de una organización sindical que perdió legitimidad hace décadas. El respeto a la voluntad de los trabajadores debe ser absoluto y sin intermediarios.

En Silao, Guanajuato, cientos de empleados han dicho basta. No pidieron privilegios. Exigieron lo mínimo: que se respete su decisión de afiliarse a un sindicato distinto. Negarles ese derecho no es neutralidad, es complicidad con la injusticia.

En tiempos donde se exige al Estado mexicano cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos laborales, lo ocurrido en Tritech Autoparts representa una mancha difícil de borrar. El derecho laboral sólo sirve si es justo. Y sólo es justo si protege a quien menos tiene.

—o0o—

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

Opinión | En Corto | Teocaltiche: la derrota de Pablo Lemus

El asesinato del director de la Policía Municipal de Teocaltiche, Jalisco, Ramón Grande Moncada, ocurrido ayer por la tarde, cuando acudía a un evento del ayuntamiento acompañado de su esposa, es indignante…

Por Raúl García Araujo                                            

El asesinato del director de la Policía Municipal de Teocaltiche, Jalisco, Ramón Grande Moncada, ocurrido ayer por la tarde, cuando acudía a un evento del ayuntamiento acompañado de su esposa, es indignante. Este crimen es aún más grave porque se supone que la Secretaría de Seguridad del Estado mantiene un despliegue especial de vigilancia en el municipio desde el 19 de febrero.

Indigna y enoja porque, al parecer, de nada sirven las palabras y los boletines oficiales cuando no se puede garantizar la seguridad ni de los ciudadanos ni de los mismos policías a quienes relevaron.
Desde hace dos meses, casi una veintena de asesinatos se han registrado en Teocaltiche, incluidos los de dos policías locales, quienes quedaron expuestos a merced de los criminales. Estos pueden entrar al pueblo como si nada y atacarlos, pues la Policía Estatal no ha demostrado eficacia alguna.

A pesar de los discursos y entrevistas llenas de promesas, la realidad en Jalisco grita más fuerte que cualquier boletín oficial. El gobierno de Pablo Lemus Navarro ha fracasado rotundamente en su principal obligación como gobernador: garantizar la seguridad y el orden público. Lo peor es que este colapso no ha sido producto de años de desgaste institucional, sino que ha ocurrido en apenas cuatro meses: cuatro meses de simulación, omisiones e incapacidad flagrante.

El caso de Teocaltiche se ha convertido en el símbolo más claro del abandono estatal. Este municipio ha sido completamente entregado al crimen organizado, particularmente al Cártel Jalisco Nueva Generación, sin que el Gobierno del Estado haya logrado articular ni una respuesta mínima. No hay estrategia, no hay presencia real, no hay voluntad. Lo que hay es miedo, silencio oficial y complicidad tácita.

Desde febrero, cuando la Policía Estatal —bajo el mando del secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández— asumió el supuesto control de la zona, se han registrado al menos 18 homicidios violentos. Hasta ahora, no se ha detenido a nadie por estos crímenes, que incluyen los de policías, menores de edad y civiles inocentes.

Resulta patético y ofensivo que el propio secretario Hernández reconozca públicamente el aumento en robos y asesinatos en Teocaltiche y Villa Hidalgo, como si se tratara de una simple estadística más en su informe mensual. Esa declaración, lejos de mostrar transparencia, confirma la parálisis de las instituciones. Si sabe lo que ocurre y no actúa, es cómplice por omisión. Y si no sabe cómo responder, entonces ya es hora de que renuncie.

Pero la responsabilidad no termina ahí. La Fiscalía General del Estado, encabezada por Salvador González, ha mostrado una desvergüenza institucional que raya en lo criminal. En lugar de investigar con rigor, su labor ha consistido en encubrir, minimizar y postergar la verdad. El caso del activista Juan Pablo Alonso Estrada, asesinado el 30 de marzo, es un claro ejemplo. Pasaron cinco días antes de que su muerte fuera confirmada oficialmente. ¿La razón? Nadie lo explica. ¿Los avances? No existen. ¿La justicia? Brilla por su ausencia.

Alonso Estrada no era un ciudadano cualquiera; era una voz incómoda que había denunciado valientemente la presencia del crimen y la inacción del gobierno. Fue ignorado por las autoridades en vida, y ahora su muerte ha sido cubierta con el mismo desprecio institucional. Su ejecución no solo fue un acto de barbarie, sino también una advertencia sobre lo que ocurre cuando el Estado renuncia a su función más básica: proteger a quienes lo necesitan.

Y la historia se repite. Hace unos días, cuatro cuerpos ejecutados fueron encontrados en una finca de la colonia El Barrio. La noticia se difundió primero por redes sociales, impulsada por vecinos desesperados. La Fiscalía, fiel a su estilo, guardó silencio durante casi 24 horas. Cuando finalmente emitió un comunicado, lo hizo sin datos, sin contexto y sin compromiso, como si fuera una molestia tener que dar explicaciones.

En medio de todo esto, el gobernador Pablo Lemus Navarro ha optado por una estrategia que ya no engaña a nadie: la distracción. Mientras en Teocaltiche hay balaceras, en Casa Jalisco se realizan ruedas de prensa sobre turismo. Mientras los activistas son asesinados, el Ejecutivo estatal se toma fotos inaugurando eventos deportivos. Su prioridad no es la seguridad, sino su imagen. Y mientras más se enfoca en eso, más se derrumba el estado que prometió gobernar.

La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿qué tanto de este abandono es incapacidad, y qué tanto es conveniencia? ¿Es el gobierno de Lemus simplemente incompetente, o ha decidido no enfrentarse al crimen organizado porque hacerlo implica riesgos políticos y personales? Cuando la omisión es sistemática, cuando el silencio se convierte en política pública, la línea entre ineptitud y complicidad se vuelve peligrosamente difusa.

La situación es tan grave que ya no basta con esperar respuestas locales. La presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, deben intervenir con urgencia. La gobernabilidad en Jalisco está rota. Las instituciones han sido rebasadas. La ciudadanía está sola. Y no podemos permitir que esta situación se normalice. Hoy es Teocaltiche, mañana será cualquier otro municipio.

Pablo Lemus, Juan Pablo Hernández y Salvador González no están a la altura del desafío. Su permanencia en el cargo es, hoy por hoy, parte del problema. Jalisco necesita liderazgo real, compromiso auténtico y, sobre todo, acción. Porque cuando el narco impone su ley y el Estado calla, no estamos frente a una crisis de seguridad: estamos frente a la renuncia absoluta del deber público.

En Cortito

Nos cuentan que la Feria de la Primavera 2025 arrancó con fuerza en Cuernavaca, dejando claro que sigue siendo uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del estado de Morelos.

Miles de personas, entre habitantes y visitantes, asistieron a la tradicional cabalgata y al acto inaugural, marcando el inicio de una celebración que busca resaltar la identidad local, dinamizar la economía y proyectar estabilidad.

El presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado, encabezó el evento inaugural, acompañado por representantes de los distintos niveles de gobierno. En su mensaje, subrayó la relevancia de la feria como símbolo de colaboración institucional y desarrollo social, destacando que su realización refleja el compromiso de su administración con la promoción cultural y la recuperación de espacios públicos para el disfrute ciudadano.

Uno de los puntos que más destacó fue el operativo de seguridad implementado para garantizar un ambiente tranquilo. Según el reporte oficial, el pasado fin de semana se registró una asistencia de aproximadamente ocho mil personas, sin incidentes que lamentar. La coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y otras instancias permitió mantener un saldo blanco, lo cual fue reconocido por las autoridades y por diversos sectores de la ciudadanía.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Golpeteo y extorsión contra Armenta

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

Opinión | En Corto | Golpeteo y extorsión contra Armenta

En Puebla, un grupo de personajes que se ostentan como comunicadores, otros que sí son comunicadores reales, aunque de mala reputación, y un ejército de cuentas falsas en redes sociales…

Por Raúl García Araujo                                            

En Puebla, un grupo de personajes que se ostentan como comunicadores, otros que sí son comunicadores reales, aunque de mala reputación, y un ejército de cuentas falsas en redes sociales, han desatado una brutal y cobarde campaña contra la boxeadora Gabriela Sánchez Saavedra, “La Bonita”, quien es también secretaria del Deporte y la Juventud del gobierno del Estado.

La pugilista defendió en Puebla capital con éxito su título Plata del CMB el sábado pasado, con “mucha entrega, mucho corazón y una muy fina técnica”, de acuerdo con varias crónicas deportivas.

Hasta ahí, nada fuera de lo común, de no ser por la andanada de odio que violentadores cibernéticos, convertidos en verdaderos delincuentes digitales, han dirigido contra “La Bonita”.

No solamente la han criticado como boxeadora y como funcionaria, sino que la han descalificado como mujer, lo que constituye, junto con el delito de acoso, un claro caso de violencia política de género. ¿Qué buscan? Beneficios económicos, por supuesto. Eso se llama extorsión.

El lunes, precisamente por todo esto, el gobernador Alejandro Armenta fue claro, sin eufemismos ni maquillajes, señaló al empresario de medios Rodolfo Ruiz Rodríguez, dueño de los portales e-consulta de Puebla, Veracruz y Oaxaca, y uno de los más beneficiados en etapas del priato y el panismo en esas entidades, como responsable de esa campaña negra.

Resulta que los medios de Ruiz han encabezado, en el pasado reciente, una permanente campaña contra el gobierno del estado, contra la presidente Claudia Sheinbaum Pardo y contra todo lo que huela a la izquierda de este país.

Rodolfo es identificado como un personaje afín a grupos de ultraderecha, desde sus tiempos como estudiante en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), hace ya bastantes años, pues el empresario ya roza los 60 años de edad.

El tema con él, quien ha emprendido una campaña para victimizarse, literalmente con quien no lo conoce en realidad, es que en los últimos años, desde el gobierno del difunto Miguel Barbosa Huerta, “ha utilizado la difamación, la calumnia y la información falsa, presentada como datos verdaderos, para atacar lo mismo a políticos que a ciudadanos que nada tienen que ver con la vida pública”, nos relatan colegas de Puebla.

De ahí que, aunque personalmente no ha dejado huellas de sus ofensas contra “La Bonita” Sánchez, pues Rodolfo primero postea y publica y luego borra, sí sus medios, sus colaboradores y el grupo de plumas afines a él, que no representan más que un puñado, ha atacado con beligerancia y debe ser investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el acoso ya sistemático contra Gaby Sánchez, como es conocida por el público poblano que la sigue y la quiere.

Rodolfo, en el pasado reciente, utilizó una supuesta información falsa, de una supuesta organización feminista, que también resultó un montaje, para descalificar al hoy coordinador de comunicación del gobierno, José Tomé, a quien ahora acusa de atacarlo, pero nada es más lejano de la realidad, pues quien lo difamó y lo atacó fue Rodolfo Ruiz, no al revés.

Que la victimización que pretende hacer de sí mismo la crea quien no lo conozca.

Rodolfo, sólo para poner un ejemplo de su comportamiento, en la campaña a la gubernatura de Puebla, en 2018, llevó las redes y fue asesor del finado Miguel Barbosa Huerta, como candidato, pero luego se convirtió en su más acérrimo enemigo.

Un día sí y el otro también, Ruiz atacó al gobernador morenista y hasta soltó posteos en redes que exhibían ironía y hasta burla, cuando el ex presidente del Senado de la República murió el 13 de diciembre de 2022.

Que lo compre quien no lo conozca.

Por cierto, en Puebla, nadie ha salido en su defensa. Por algo será.

En Cortito

Nos cuentan que en Morelos, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, ha apostado por recuperar y reposicionar la histórica Feria de la Primavera –anteriormente conocida como “la Feria de la Flor”– con el firme propósito de convertirla en un evento de trascendencia nacional e internacional. Esta apuesta no sólo se basa en la tradición, sino en un proyecto que impulsa el desarrollo económico y social de la capital morelense.

Para el año 2025, la feria se realizará en una sede diferente, anticipando una asistencia que supere ampliamente los 11 mil visitantes registrados en la edición de 2024. Con el traslado al Hípico de Vista Hermosa, tanto el alcalde como el secretario de Desarrollo Económico y Turismo local, Marco Manuel Suárez, proyectan alcanzar la cifra de 22 mil asistentes. La nueva ubicación ofrece un escenario de primer nivel: amplias áreas ajardinadas, corrales bien montados y espacios pensados para potenciar el sector agropecuario y ganadero, permitiendo a los productores locales exhibir sus productos de manera destacada.

El impacto económico de la feria que tendrá lugar del 11 al 20 de abril se vislumbra positivo. Con una derrama estimada de al menos $200 por visitante, se espera que la recaudación directa alcance los $4,400,000, sumándose a la venta de stands y concesiones municipales, lo que podría generar ingresos adicionales de alrededor de $1,500,000. Cabe resaltar que, con un presupuesto de ejecución de $4,500,000, la gestión municipal se muestra comprometida con la eficiencia y el retorno del orgullo ciudadano, al recuperar una feria que, hace 15 años, dejaba de incluir a los ganaderos.

El proyecto no sólo se centra en la actividad agropecuaria. El alcalde Urióstegui Salgado también está dando un especial énfasis a la cultura popular. Con eventos ecuestres como carreras de barrileras, sorting, demostraciones de caballos bailadores y el espectáculo de caballos Domeq, la feria busca volver a conectar con la esencia de pueblo, promoviendo actividades que enaltecen la identidad local. Además, la programación incluye un corte de música regional en el “teatro del pueblo” y la incorporación de dos jaripeos, ofreciendo una propuesta diversa y atractiva para todos los asistentes.

Un aspecto importante de la organización es la medida responsable en cuanto a la venta de alcohol, se concentrará en un único restaurante, lo que permitirá minimizar posibles inconvenientes y contribuir a un ambiente festivo y seguro.

En definitiva, la gestión del alcalde de Cuernavaca demuestra una visión integral y comprometida con la recuperación de tradiciones que fortalecen el tejido social y económico de la ciudad. La renovación de la Feria de la Primavera no solo representa un retorno a las raíces, sino también un impulso para el desarrollo local que proyecta a Cuernavaca hacia el reconocimiento nacional e internacional.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Los cien días de gobierno de Alejandro Armenta

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

Opinión | En Corto | Los cien días de gobierno de Alejandro Armenta

Alejandro Armenta ha cumplido cien días al frente del gobierno de Puebla con un ritmo inusual en la política tradicional…

Por Raúl García Araujo                                            

Alejandro Armenta ha cumplido cien días al frente del gobierno de Puebla con un ritmo inusual en la política tradicional. Su estilo de gobernar ha llamado la atención no solo por la velocidad de sus acciones, sino por la forma en que ha construido una narrativa de liderazgo fuerte, con una cercanía a la gente que pocos mandatarios han logrado consolidar en corto tiempo.

Desde el primer día, Armenta ha dejado claro que no gobernará desde la comodidad del discurso burocrático. Se muestra frontal, señala a los responsables de irregularidades sin rodeos y exige resultados a su gabinete con la misma intensidad con la que encabeza faenas comunitarias y reuniones vecinales. Este enfoque le ha permitido construir una imagen de liderazgo activo, alejado de la parsimonia institucional que suele marcar los primeros meses de una administración.

El balance de estos cien días se divide entre acciones de alto impacto simbólico y decisiones con efectos estructurales a largo plazo.

En el primer grupo, destacan medidas como la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, con la creación de la Secretaría Anticorrupción y la Secretaría de las Mujeres, alineadas con la agenda federal. También resalta la firma de convenios con 29 municipios en materia de bienestar animal, un movimiento que, aunque no es prioritario en términos de gobernabilidad, proyecta una administración con sensibilidad social.

En materia de seguridad, su administración ha impulsado acuerdos con cinco de los siete estados vecinos —Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos— para compartir información entre fiscalías y agilizar el procesamiento de delincuentes sin importar su lugar de residencia. Esta estrategia busca cerrar las rutas de escape que han permitido a grupos criminales operar con impunidad, pero su éxito dependerá de la capacidad real de coordinación y acción entre las entidades.

Otro eje de seguridad es la infraestructura. Armenta ha anunciado la creación de centros estratégicos de seguridad y atención al turismo, con el objetivo de reforzar la vigilancia y mejorar la percepción de seguridad en un sector clave para la economía del estado.

Los próximos meses serán determinantes. Si el gobierno logra traducir estos acuerdos en operativos eficaces, reducción de delitos y mejor percepción de seguridad, podría convertirse en un modelo a seguir en el país.

En términos políticos, la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez en su informe de gobierno y su frase de respaldo desde Palacio Nacional —“Si Puebla sigue así… va a llegar muy lejos”— refuerzan la idea de que su administración cuenta con el visto bueno del gobierno federal y que su cercanía con la presidente Claudia Sheinbaum Pardo es plena.

En el ámbito de los cambios estructurales, destacan decisiones clave como el ahorro de 8 mil 500 millones de pesos, la reestructuración de la deuda del Museo Barroco y la renegociación de la concesión del agua, con la promesa de mejorar el suministro y garantizar mayor transparencia en su gestión.

También es relevante la liquidación de la deuda histórica de 27.2 millones de pesos con la Conade, lo que permite a Puebla acceder nuevamente a recursos federales para el deporte. En materia de participación ciudadana, el gobierno ha impulsado un programa de obra comunitaria basado en más de mil asambleas para definir las prioridades de infraestructura, apostando por un modelo de gestión más cercano a la población.

Hasta ahora, la administración de Armenta ha demostrado capacidad para la acción inmediata, pero las reformas de fondo —como la del agua y la transparencia financiera— requerirán una ejecución eficaz para que el entusiasmo inicial no se diluya en la complejidad burocrática.

En suma, Alejandro Armenta avanza con un objetivo claro: convertir a Puebla en un estado más productivo y seguro, pero también consolidar un liderazgo propio dentro del movimiento de la 4T.

En un panorama donde otros gobernadores de Morena han optado por la discreción o la dependencia del gobierno federal, Armenta se mueve con una estrategia distinta que hasta ahora le ha dado buenos resultados.

En Cortito

Margarita González Saravia es, sin duda, una de las gobernadoras más apagadas y desdibujadas del morenismo.

A seis meses de haber asumido la gubernatura de Morelos, su gestión se distingue por la inacción. No hay avances sustanciales en seguridad, infraestructura, desarrollo social ni económico. Lo único que ha logrado acaparar la atención de los morelenses son los constantes escándalos relacionados con el ex gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien, a casi seis meses de haber dejado el cargo, sigue siendo una figura influyente en los titulares y la opinión pública del estado.

Los seis meses de gobierno de González Saravia se resumen en una alarmante ola de inseguridad: secuestros diarios en la autopista México-Cuernavaca, un preocupante aumento de extorsiones a empresarios morelenses y una escalofriante escalada de homicidios violentos que, en su mayoría, cobra la vida de personas inocentes. Este desastre en materia de seguridad es solo la punta del iceberg.

Pero el colapso no se limita solo a la seguridad. El desgobierno es patente en todos los niveles. En el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, la falta de oficio político es evidente. La muestra más escandalosa de este caos es la situación sin precedentes en la que Morelos se encuentra: dos presidentes del Tribunal Superior de Justicia, una imagen grotesca de la falta de liderazgo y la total descoordinación entre los funcionarios estatales.

En Morena ya tienen claro que la incapacidad de la gobernadora ha convertido a Morelos en un verdadero foco rojo. Su gobierno caótico y desastroso no solo está afectando a los morelenses, sino que, de seguir así, llevará al partido a perder escaños en el Congreso local y un número considerable de presidencias municipales en las elecciones intermedias de 2027.

En Morelos se materializa aquella célebre frase del líder moral y ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien solía referirse a los pésimos funcionarios públicos diciendo: “No cabe duda que hay maderas que nunca agarran el barniz”.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Es tiempo de mujeres… y de proteger a El Cuau

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

Opinión | En Corto | Es tiempo de mujeres… y de proteger a El Cuau

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, su fiscal general de justicia, Edgar Maldonado Ceballos, el partido Morena y la primera Presidenta del país son los grandes perdedores tras la decisión del pleno de la Cámara de Diputados…

Por Raúl García Araujo                                            

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, su fiscal general de justicia, Edgar Maldonado Ceballos, el partido Morena y la primera Presidenta del país son los grandes perdedores tras la decisión del pleno de la Cámara de Diputados de desechar la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco Bravo, presunto responsable de violación, en grado de tentativa, nada menos que de su media hermana.

Habrá que ver si la decisión de no proceder contra el exfutbolista, fue a petición del gran Tótem y líder moral del morenismo, Andrés Manuel López Obrador o de la aún poderosa empresa de medios de comunicación, Televisa, o ambas cosas. Eso solo el tiempo lo dirá.

Pero, entrando en materia, les diré el por qué de los grandes perdedores.

La decisión tomada en San Lázaro afecta directamente a la mandataria morelense. Primero, porque quedó claro ante la sociedad mexicana que ella fue la principal protectora del ex futbolista.

A tan solo unas horas de que la Fiscalía de Justicia de Morelos, entonces encabezada por Uriel Carmona Gandara, solicitara a la Cámara Baja quitarle el fuero a Blanco Bravo, la gobernadora morenista operó para destituirlo de manera fulminante y poner en esa posición a un incondicional, Edgar Maldonado Ceballos. 

Esta acción, lejos de ser interpretada como una estrategia, fue tomada por los morelenses y por la sociedad mexicana, en general, como una forma de lanzar un manto protector sobre este presunto violentador de mujeres.
 
En segundo término, queda la figura de Edgar Maldonado Ceballos, quien asumió la Fiscalía General de Justicia de Morelos en medio de este escándalo nacional. Inicialmente, había una oportunidad de limpiar su imagen cumpliendo con los requisitos legales para conseguir el desafuero de Cuauhtémoc Blanco Bravo, pero eso no ocurrió. Así, su permanencia en la Fiscalía quedará marcada por la percepción de protección al ex futbolista.
 
Lo que sigue para Morelos es que el diputado federal sea el tema de atención de la sociedad. Los morelenses no dejarán de culpar a la gobernadora Margarita González Saravia y a su fiscal, Edgar Maldonado Ceballos, por permitir que Blanco Bravo camine libre y con total impunidad. Los excesos, abusos y actos de corrupción del ex integrante de la selección nacional de fútbol seguirán siendo el centro de la agenda política y social en Morelos.

Esto significa que, a seis meses de asumir el cargo, la gobernadora Margarita González Saravia será recordada como la mandataria más gris, por sumisión o por omisión, en la historia de la entidad, sin lograr marcar un solo tema propio de su administración. Día tras día, Cuauhtémoc Blanco Bravo sigue siendo el tema mediático central en Morelos y en todo el país, lo que refleja un verdadero fracaso en términos de comunicación social y política para su administración.
 
Por su parte, para Edgar Maldonado Ceballos se avecinan tiempos difíciles, ya que los morelenses perderán la confianza en él y en sus acciones al frente de la Fiscalía General de Justicia del estado. Su inacción frente a la solicitud de desafuero de Blanco Bravo lo pone en una posición comprometida: dejó de cumplir con su deber para que el ex gobernador rindiera cuentas ante la justicia.
 
Para la gobernadora y el fiscal de Morelos, el discurso de pretender hacer un cambio radical de gobierno y un frente común contra la corrupción se ha agotado. La sociedad mexicana sabe que permitieron que un ex gobernador acusado de múltiples fechorías, que utilizó el dinero público para sus excesos, siga libre y sin rendir cuentas, respaldado por un gobierno que lo protege.
 
En cuanto a Morena, el discurso de que es “tiempo de mujeres” ha quedado totalmente desmentido. En la Cámara de Diputados, gracias a la aplanadora de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo logró mantener su fuero, evitando así enfrentar las acusaciones de ser un violentador de mujeres.

Y la Presidenta, por aquello de ser la primera mujer presidenta y por su dicho de «no llegué Yo, llegamos Todas», lo cual en teoría la comprometía a gobernar preferentemente para las mujeres. Esto ha quedado en entredicho.

En Cortito

Nos cuentan que en un contexto donde las finanzas públicas de muchos municipios de México siguen siendo un desafío, Cuernavaca parece estar marcando la diferencia. Bajo la administración de José Luis Urióstegui Salgado, la capital de Morelos ha experimentado una notable mejora en su situación financiera, logrando reducir las deudas públicas y sentando las bases para un gobierno más responsable y eficiente.

Uno de los principales objetivos de Urióstegui Salgado, que refleja su compromiso con el bienestar de la ciudad, es dejar a Cuernavaca libre de deudas al final de su mandato.

Un ejemplo claro de esta gestión es el reciente paso dado por el alcalde, quien, el día de ayer, entregó oficialmente al Congreso del Estado de Morelos la solicitud para acceder al programa “Peso a Peso”. Este plan tiene como propósito saldar el adeudo histórico que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca mantiene con la Comisión Federal de Electricidad, un adeudo que asciende a 279 millones de pesos y que se arrastra desde las administraciones de Cuauhtémoc Blanco Bravo y Antonio Villalobos Adán.

La propuesta es clara y responsable: en lugar de dejar que la deuda continúe creciendo, la administración de Urióstegui plantea un esquema de pago que, de ser aprobado por el Congreso, podría reducir la deuda a la mitad.

Sin embargo, este plan no puede ser implementado sin la autorización del Congreso del Estado, ya que, conforme a la Ley Orgánica Municipal, la administración actual no tiene facultades para asumir este tipo de compromisos sin el respaldo legislativo. La autorización del Congreso sería un paso crucial para asegurar que la deuda histórica sea saldada de manera estructurada y dentro de un marco legal

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Armenta mejora la seguridad en Puebla

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

Opinión | En Corto | Armenta mejora la seguridad en Puebla

Un nuevo dinamismo en la administración pública de Puebla ha puesto en marcha el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien exige a cada uno de sus colaboradores resultados inmediatos en sus funciones.

Por Raúl García Araujo                                            

Uno de los temas prioritarios de su gobierno es la seguridad y la procuración de justicia, donde el mandatario poblano ha logrado avances significativos en los primeros dos meses de su gobierno.

Tomando en cuenta estos dos aspectos fundamentales, la administración de Armenta Mier ha registrado avances que la población ya empieza a percibir.

Incluso, a nivel nacional, la propia secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ubicó a Puebla como uno de los estados con mejor coordinación entre las instancias de gobierno, lo que ha permitido reducir la incidencia delictiva.

Esto se refleja en las recientes estadísticas dadas a conocer por la Fiscalía General del Estado, que revelan una disminución significativa en la incidencia de delitos de alto impacto en el primer bimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con los datos, delitos como el robo de vehículos con violencia, el robo a casa habitación, el robo a transportistas y el robo a negocios han mostrado una notable reducción, junto con otros delitos como el fraude y abuso sexual.

La disminución en la tasa de robos con violencia, como el robo de vehículos y a viviendas, es una señal positiva. Por ejemplo, el robo de vehículos con violencia disminuyó un 13.3%, y el robo a casa habitación se redujo en un 20.7%. Estos porcentajes son significativos, considerando la gravedad de estos crímenes que, además de dañar la propiedad, ponen en riesgo la integridad física de las personas. El robo a transportistas y a negocios también experimentó una baja considerable, lo que podría indicar que las estrategias de seguridad están funcionando en algunos puntos clave del estado.

Una cifra que no puede pasar desapercibida es la drástica disminución del robo bancario, con una baja del 50%. Esto podría indicar que las medidas de seguridad en las instituciones financieras en coordinación con las del Estado, están siendo efectivas, lo que a su vez refleja una respuesta rápida y adecuada de las autoridades ante la evolución de las modalidades delictivas.

Los números reflejan algo claro: el gobernador Alejandro Armenta cuenta con una estrategia eficaz en la lucha contra la delincuencia.

Lo que realmente se destaca de estos resultados, es el trabajo interinstitucional entre los distintos niveles de gobierno, el cual, según la titular de Gobernación ha sido clave para conseguir estas bajas.

Las acciones coordinadas y el fortalecimiento de los operativos de seguridad son fundamentales, pero deben formar parte de un enfoque integral que no solo se limite a la reacción ante el crimen, sino que también se enfoque en la prevención.

En este contexto se enmarca el esfuerzo conjunto de los gobiernos de Puebla, Veracruz y Oaxaca, que hace unos días firmaron un convenio de colaboración para desmantelar a los grupos criminales que se dedican a robar a transportistas en las autopistas que conectan a las tres entidades.

La apuesta es convertir este territorio del centro del país en uno de los más seguros de México.

Es por eso que es importante resaltar que, a poco más de dos meses de su mandato, Alejandro Armenta Mier ya está mostrando los primeros resultados en materia de seguridad.

Uno de los actores clave en este proceso es el vicealmirante Francisco Sánchez González, quien ha demostrado ser uno de los funcionarios más eficientes y comprometidos de la administración pública.

El vicealmirante Sánchez González llega a la Secretaría de Seguridad Pública con un conocimiento profundo de la situación en el estado. Sabe perfectamente cuáles son los grupos delictivos que operan en las diversas regiones de Puebla: desde la Sierra Norte y la Mixteca hasta San Martín Texmelucan y la zona conurbada de la capital.

El hecho de que Armenta Mier haya colocado a un militar al frente de la seguridad en Puebla también es un mensaje de confianza para los ciudadanos. La seguridad no solo se construye con estrategias y operativos, sino también con la credibilidad que genera una persona formada en las fuerzas federales.
La gente tiene más confianza en aquellos que provienen de instituciones como la Secretaría de Marina-Armada de México, por lo que la asignación de Sánchez González es una señal positiva de que Puebla está en buenas manos.

Por lo tanto, si bien los logros actuales son bienvenidos, es esencial que no se caiga en la complacencia. El trabajo debe continuar, y las autoridades deben asegurarse de que esta disminución no sea solo una estadística temporal, sino el principio de un cambio real y duradero en la seguridad y el bienestar de los poblanos.

En Cortito

Nos cuentan que las cosas para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, van muy mal en temas de seguridad y procuración de justicia. Nos informan que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le solicitó un informe detallado sobre lo que está ocurriendo en estos temas en la entidad. También le exigió una explicación sobre la razón por la cual, hasta la fecha, no ha visitado los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, donde los pobladores viven a merced de los grupos criminales.

Nos comentan que el mandatario jalisciense se limitó a mantener su discurso de cooperación y coordinación, sin ofrecer una explicación concreta a la jefa del Ejecutivo federal, quien lo recibió en Palacio Nacional.

Una vez más, será el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien deberá corregir al gobernador Pablo Lemus Navarro, quien tampoco ha podido dar una explicación clara a los jaliscienses sobre lo ocurrido en Teuchitlán, pero que, por otro lado, disfrutó de un viaje a España a principios de año.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Lemus maltrata a Teocaltiche

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.